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‘La vida en el círculo’, de Faisal Azim, ganador del premio ‘Paisaje urbano’ Atkins 2014. Un grupo de vagabundos es retratado viviendo en los huecos de varios tubos de cementos en Bangladesh, donde más de 900.000 personas viven sin techo y donde cada día se denuncian torturas físicas, mentales e incluso sexuales contra estas personas en centros de acogida.

La pobreza es con frecuencia causa y consecuencia de las violaciones de los derechos humanos. Y, sin embargo, el vínculo entre la privación extrema y el abuso se mantiene al margen de los debates políticos y las estrategias de desarrollo. Para llamar la atención sobre esta correlación crucial pero a menudo olvidada, el Día de los Derechos Humanos de este año, mañana, 10 de diciembre, se dedica a la lucha contra la pobreza. Esto no sólo debería representar una oportunidad para la reflexión, sino también un llamamiento a que los gobiernos, así como las comunidades de derechos humanos y de desarrollo, actúen para garantizar una vida digna para todos.


Todos los derechos humanos -el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda- son importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las oportunidades, y la estigmatización social y cultural. La negación de los derechos dificulta la participación de los pobres en el mercado de trabajo y su acceso a los servicios y a los recursos básicos. En muchas sociedades, les impide disfrutar de su derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda, sencillamente porque no se pueden permitir pagarlas. Esto, a su vez, dificulta su participación en la vida pública y limita su capacidad para influir en las políticas que les afectan y para buscar un resarcimiento contra la injusticia.

En resumen, la pobreza no sólo significa insuficiencia de renta y de bienes materiales, sino también una falta de recursos, oportunidades y seguridad que menoscaba la dignidad y exacerba la vulnerabilidad de los pobres. La pobreza trata también del poder: quién lo ejerce y quién no, en la vida pública y en la familia. Llegar al fondo de las complejas redes de las relaciones de poder en la esfera política, la económica y la social es clave para entender y abordar con mayor eficacia los arraigados patrones de discriminación, desigualdad y exclusión que condenan a los individuos, a las comunidades y a los pueblos a la pobreza durante generaciones.

Sin embargo, la pobreza se percibe a menudo como una situación lamentable pero accidental o como consecuencia inevitable de decisiones y acontecimientos que ocurren en otras partes, o incluso como responsabilidad exclusiva de quienes la sufren. Un enfoque integral de los derechos humanos no sólo enmendará las concepciones erróneas y los mitos que rodean a los pobres, sino que también, y más importante, ayudará a encontrar vías sostenibles y equitativas para salir de la pobreza. Al reconocer las obligaciones explícitas que los Estados tienen de proteger a sus poblaciones contra la pobreza y la exclusión, este enfoque subraya la responsabilidad de los gobiernos en la creación de un entorno que conduzca al bienestar público. También permite a los pobres ayudar a establecer políticas para que se respeten sus derechos, y a buscar reformas efectivas de reparación cuando se produzcan abusos.

Hay firmes cimientos jurídicos para dicho enfoque. Todos los países han ratificado al menos uno de los siete tratados internacionales fundamentales sobre derechos humanos, y el 80% ha ratificado cuatro o más. Asimismo, la comunidad mundial ha suscrito los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen metas concretas para los esfuerzos internacionales de erradicación de la pobreza y la marginación. La Cumbre Mundial de 2005 reiteró dichos compromisos.

Independientemente de las restricciones de recursos, los Estados pueden tomar medidas inmediatas para luchar contra la pobreza. Poner fin a la discriminación, por ejemplo, eliminará en muchos casos los obstáculos para participar en el mercado laboral y dará a las mujeres y a las minorías acceso al empleo. La mortalidad infantil puede reducirse mediante intervenciones eficaces, de bajo coste y que no requieren una alta tecnología. Por su parte, los Estados en condiciones de dar asistencia deberían apresurarse a proporcionarla. En cambio, la indiferencia y un cálculo estricto de los intereses nacionales pueden poner trabas a los derechos humanos y el desarrollo que resultan tan perjudiciales como la discriminación. El año pasado, el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, señaló que "no es moralmente justificable que los países ricos gasten 280.000 millones de dólares -casi el total del producto interior bruto de África y el cuádruple de la cantidad total de ayuda exterior- en subvencionar a los productores agrícolas".
En uno de sus últimos discursos como secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró que considera la atención mundial a la lucha contra la pobreza como uno de los mayores logros de su mandato. Había resaltado la vulnerabilidad extrema y los atentados contra la dignidad humana que acompañan a la pobreza. El secretario general identificó perentoriamente los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo como elementos indispensables de un mundo en el que las personas puedan vivir en mayor libertad. Dado que una de cada siete personas en el mundo pasa hambre, esa libertad depende de que se acometa la pobreza como uno de los retos más espinosos para los derechos humanos de nuestra época.

Louise Arbour es Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Traducción de News Clips.


Tomado de:     ELPAÍS,  9DIC2006


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