AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUDIÓ
A LA FISCALÍA ORIENTE PARA PEDIR QUE REABRA INVESTIGACIÓN EN CASO DE TORTURA
CONTRA MOISÉS ÓRDENES
Moisés, de 55 años, estaba “caceroleando” cuando sin mediar
provocación alguna fue atacado violentamente por uniformados de las fuerzas
policiales. A causa de los golpes resultó con fractura de costillas, pérdida de
piezas dentales y daños oculares graves, entre otras lesiones. La agresión fue
transmitida en vivo por las cámaras del canal Chilevisión. Según Rodrigo
Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, “la agresión sufrida por Moisés Órdenes
se trata de un caso paradigmático de tortura colectiva, pues implica coerción
física intencional aplicada por un grupo de agentes públicos para castigar a un
manifestante mediante sufrimientos físico y psicológico”.
De esta manera, Amnistía Internacional hizo saber que la
determinación de la Fiscalía implicaría una infracción grave a las normas del
debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos en torno
a la investigación por denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
“Hoy hemos venido a la Fiscalía junto con la madre de Moisés
Órdenes y sus abogados para solicitar que se reabra la investigación de los
siete carabineros por las violaciones de derechos humanos sufridas por Moisés,
pues todos los sospechosos de ser responsables de las graves lesiones que
sufrió deben rendir cuentas. El derecho a la justicia en este caso pende de un
hilo y hoy vinimos a recordar que debe ser garantizado”, aseguró Rodrigo Bustos.
Además, hay que tomar en consideración que los abogados de la
familia de Moisés Órdenes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos,
sostienen que la investigación no se encuentra aún agotada, pues existen
diligencias precisas y pendientes de realización que fueron solicitadas
oportunamente. Esta medida levanta la preocupación de que la decisión de cerrar
la investigación y no continuar con la persecución penal de los siete imputados
parece, al menos, anticipada.
Para Cristián Cruz, uno de los abogados de Moisés, «esta investigación no se debió haber
cerrado porque hay diligencias pendientes relevantes que buscan reafirmar la
responsabilidad de aquellos Carabineros. Recordemos que no sólo se produce la
golpiza sino que también hay actos de obstrucción y de falsificación de
instrumento público. Estos Carabineros están formalizados por tres delitos,
entonces no nos parece lógico y carece de justificación que se les libere de
toda investigación respecto a estos tres ítem mencionados».
Por su parte, Rodrigo Bustos manifestó que “es alarmante además que en un acto tan
desgarrador, presenciado en vivo por miles de personas a través de la
televisión, los imputados incluso trataran de justificar la embestida culpando
a la propia víctima. Por cierto, el alto mando de Carabineros tampoco se ha
hecho cargo de los sucedido”.
Amnistía Internacional ya había alertado en enero sobre esta
situación al emitir una acción urgente a nivel global para que personas de todo el mundo envíen cartas dirigidas
a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, pidiendo que la
investigación se reabra. Además, el caso de Moisés fue incorporado en el
informe presentado por la organización en 2020, “Ojos sobre Chile.
Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social”.
Junto a lo anterior la organización entregó hoy una carta a la
Fiscalía con sus observaciones para que los ilícitos cometidos no queden
impunes y requirió además una reunión con la fiscal regional antes de la
audiencia de comunicación de no perseverar establecida para el próximo 24 de
febrero.
Más información:
En este caso, la Fiscalía formalizó a 13 funcionarios de la
policía por los delitos de tortura con lesiones gravísimas. Cinco de ellos por
haber torturado activamente a Moisés y ocho por haber permitido que la tortura
ocurriera sin hacer nada para detenerla. De los trece funcionarios formalizados
por tortura, once también están formalizados por falsificación de instrumento
público, y por obstrucción a la investigación.
A pesar de ello, el 1 de diciembre de 2022, el fiscal comunicó
que procedió a separar la investigación respecto de los siete uniformados
mencionados con anterioridad. Posteriormente, la Fiscalía Regional
Metropolitana Oriente, tomó la decisión de no continuar con la investigación
por no contar con los antecedentes suficientes para llevar adelante la
acusación.
