‘La vida en el círculo’, de Faisal Azim, ganador del premio ‘Paisaje urbano’ Atkins 2014. Un grupo de vagabundos es retratado viviendo en los huecos de varios tubos de cementos en Bangladesh, donde más de 900.000 personas viven sin techo y donde cada día se denuncian torturas físicas, mentales e incluso sexuales contra estas personas en centros de acogida.
La
pobreza es con frecuencia causa y consecuencia de las violaciones de los
derechos humanos. Y, sin embargo, el vínculo entre la privación extrema y el
abuso se mantiene al margen de los debates políticos y las estrategias de
desarrollo. Para llamar la atención sobre esta correlación crucial pero a
menudo olvidada, el Día de los Derechos Humanos de este año, mañana, 10 de
diciembre, se dedica a la lucha contra la pobreza. Esto no sólo debería
representar una oportunidad para la reflexión, sino también un llamamiento a
que los gobiernos, así como las comunidades de derechos humanos y de
desarrollo, actúen para garantizar una vida digna para todos.
Todos los
derechos humanos -el derecho a expresarse, a votar, pero también el derecho a
los alimentos, a trabajar, a la atención sanitaria y a la vivienda- son
importantes para los pobres, porque la pobreza extrema y la exclusión se
entremezclan con la discriminación, el acceso desigual a los recursos y a las
oportunidades, y la estigmatización social y cultural. La negación de los
derechos dificulta la participación de los pobres en el mercado de trabajo y su
acceso a los servicios y a los recursos básicos. En muchas sociedades, les
impide disfrutar de su derecho a la educación, a la sanidad y a la vivienda,
sencillamente porque no se pueden permitir pagarlas. Esto, a su vez, dificulta
su participación en la vida pública y limita su capacidad para influir en las políticas
que les afectan y para buscar un resarcimiento contra la injusticia.
En
resumen, la pobreza no sólo significa insuficiencia de renta y de bienes
materiales, sino también una falta de recursos, oportunidades y seguridad que
menoscaba la dignidad y exacerba la vulnerabilidad de los pobres. La pobreza
trata también del poder: quién lo ejerce y quién no, en la vida pública y en la
familia. Llegar al fondo de las complejas redes de las relaciones de poder en
la esfera política, la económica y la social es clave para entender y abordar
con mayor eficacia los arraigados patrones de discriminación, desigualdad y
exclusión que condenan a los individuos, a las comunidades y a los pueblos a la
pobreza durante generaciones.
Sin
embargo, la pobreza se percibe a menudo como una situación lamentable pero
accidental o como consecuencia inevitable de decisiones y acontecimientos que
ocurren en otras partes, o incluso como responsabilidad exclusiva de quienes la
sufren. Un enfoque integral de los derechos humanos no sólo enmendará las
concepciones erróneas y los mitos que rodean a los pobres, sino que también, y
más importante, ayudará a encontrar vías sostenibles y equitativas para salir
de la pobreza. Al reconocer las obligaciones explícitas que los Estados tienen
de proteger a sus poblaciones contra la pobreza y la exclusión, este enfoque
subraya la responsabilidad de los gobiernos en la creación de un entorno que
conduzca al bienestar público. También permite a los pobres ayudar a establecer
políticas para que se respeten sus derechos, y a buscar reformas efectivas de
reparación cuando se produzcan abusos.
Hay
firmes cimientos jurídicos para dicho enfoque. Todos los países han ratificado
al menos uno de los siete tratados internacionales fundamentales sobre derechos
humanos, y el 80% ha ratificado cuatro o más. Asimismo, la comunidad mundial ha
suscrito los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen metas
concretas para los esfuerzos internacionales de erradicación de la pobreza y la
marginación. La Cumbre Mundial de 2005 reiteró dichos compromisos.
Independientemente
de las restricciones de recursos, los Estados pueden tomar medidas inmediatas
para luchar contra la pobreza. Poner fin a la discriminación, por ejemplo,
eliminará en muchos casos los obstáculos para participar en el mercado laboral
y dará a las mujeres y a las minorías acceso al empleo. La mortalidad infantil
puede reducirse mediante intervenciones eficaces, de bajo coste y que no
requieren una alta tecnología. Por su parte, los Estados en condiciones de dar
asistencia deberían apresurarse a proporcionarla. En cambio, la indiferencia y
un cálculo estricto de los intereses nacionales pueden poner trabas a los
derechos humanos y el desarrollo que resultan tan perjudiciales como la
discriminación. El año pasado, el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz,
señaló que "no es moralmente justificable que los países ricos gasten
280.000 millones de dólares -casi el total del producto interior bruto de
África y el cuádruple de la cantidad total de ayuda exterior- en subvencionar a
los productores agrícolas".
En uno de
sus últimos discursos como secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, declaró que considera la atención mundial a la lucha contra la pobreza
como uno de los mayores logros de su mandato. Había resaltado la vulnerabilidad
extrema y los atentados contra la dignidad humana que acompañan a la pobreza.
El secretario general identificó perentoriamente los derechos humanos, la
seguridad y el desarrollo como elementos indispensables de un mundo en el que
las personas puedan vivir en mayor libertad. Dado que una de cada siete
personas en el mundo pasa hambre, esa libertad depende de que se acometa la
pobreza como uno de los retos más espinosos para los derechos humanos de
nuestra época.
Louise
Arbour es Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Traducción de
News Clips.
Tomado de: ELPAÍS, 9DIC2006
